Puerto Rico se desgasta en 2014 combatiendo la crisis y buscando liquidez

San Juan,- Tras ver cómo su deuda caía a «bono basura», Puerto Rico ha dedicado todo 2014 a tratar de recortar gastos y reactivar su malograda economía, bajo la presión de quedarse sin liquidez en cualquier momento y requerir un rescate de EE.UU., con el que no termina de aclarar su relación política.

Desde reducir las pensiones de los maestros, retrasar su retiro y cerrar un centenar de escuelas, hasta declarar una emergencia fiscal en junio que dio vía libre para exigir todo tipo de recortes, el Gobierno no ha parado este año de buscar vías para rebajar el gasto público.

Así, ha recortado la extra de navidad, subido la matrícula universitaria, consolidado organismos públicos, congelado salarios y reducido festivos, mientras estudia despenalizar la marihuana.

Lo que de momento se niega a hacer es a despedir empleados públicos de forma masiva, pese a que el Estado es el mayor empleador de la isla.

Uno de los ejemplos más notorios es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), monstruosamente endeudada y al borde de la quiebra.

En 2014 el Gobierno tuvo que permitir, por exigencia de los bonistas, que un equipo estadounidense tomara las riendas de la empresa para tratar de sanearla e intentar garantizar que los inversores recuperarán lo invertido, intereses incluidos.

Otra de las grandes promesas de este año es cerrar el primer ejercicio fiscal no deficitario en más de dos décadas, aunque desde que comenzó, en julio, ya ha emitido 1.200 millones de dólares en nueva deuda, que se suman a los 3.500 de marzo y a la próxima emisión, anunciada para diciembre, pero que disputas internas han llevado a aplazarla.

Y todas esas emisiones estando ya la deuda en grado especulativo («bono basura»), un duro golpe que las agencias de calificación asestaron a Puerto Rico en la primera semana de febrero y que encarece enormemente el coste de acudir a los mercados, donde la isla supera los 73.000 millones de deuda.

Ante este panorama, aumentan las voces que empiezan a aceptar la idea de que al menos algunas empresas públicas se declaren en quiebra, una opción que legalmente no existía hasta que en junio el Gobierno se vio obligado a legislar y que permitiría reestructurar la ingente deuda que amenaza con desequilibrar todo el mercado internacional de bonos municipales.

Inicialmente se especuló con que la AEE, el monopolio público eléctrico, sería la primera, aunque tras colocar al frente a gestores estadounidense, ahora se teme más por otras como la que gestiona las carreteras y el transporte público, o la que suministra el agua.

De fondo permanece el eterno debate entre quienes creen que la solución de todos los problemas pasa por la anexión a EE.UU. como un estado de pleno derecho, quienes abogan por la independencia, y quienes creen que únicamente es necesario sacar mejor provecho del actual estatus de Estado Libre Asociado.

Después de varias consultas partidistas y confusas, y para tratar de clarificar cuál es la opinión de la mayoría, Washington aprobó en enero pasado una partida presupuestaria para financiar el primer referéndum en la historia de Puerto Rico que contaría con la supervisión y el aval federal.

Sin embargo, ni siquiera se ha fijado aún una fecha, una muestra más de la inacción de la que adolece una economía muy consumista, con la mayor concentración mundial de automóviles, así como de algunos supermercados, pese a llevar ocho años en recesión.

Paradógicamente, de sus 3,6 millones de habitantes, el 35 % recibe ayuda para comprar alimentos y el 45 % está oficialmente bajo el umbral de la pobreza.

Según todos los expertos, los grandes retos de cara a 2015 son conseguir liquidez para seguir pagando la creciente deuda con Wall Street (o rendirse y negociar quitas), rebajar el elevado coste de la electricidad (que entorpece el crecimiento de negocios locales) y mantener el buen ritmo en la reducción de la criminalidad, vinculada en más de un 70 % al narcotráfico.

Las esperanzas están puestas en una prometida reforma fiscal que combata la evasión y la enorme economía sumergida, el impulso del turismo (sólo supone el 7 % del PIB) y, sobre todo, los atractivos incentivos fiscales diseñados para atraer nuevos residentes interesados en invertir en la isla. EFE