«A este plan sólo concurrieron unos 61 funcionarios de la entidad, seis de ellos de reciente nombramiento, y para capitalizarlo se apropiaron de los 106 millones de pesos que habían quedado de remanente del plan que beneficiaba a todos los empleados y se otorgaron préstamos no reembolsables que debió asumir el BNV”, indicó PC.

Participación Ciudadana exigió que se aclare y se sancione el reparto de 180 millones que llevaron a cabo los principales funcionarios del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), encabezados por Federico Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

La entidad cívica explica que documentos puestos en circulación, de los cuales recibió un legajo, demuestran que los altos ejecutivos del Banco Nacional de la Vivienda (BNV) crearon ilegalmente un “Plan Suplementario de Pensiones” y armaron un tinglado para auto repartirse unos 180 millones de pesos a finales del año pasado.

“El escándalo es mayúsculo e involucra nada menos que al presidente de uno de los partidos que recibirá este año unos 220 millones de pesos del presupuesto nacional como subsidio, el ingeniero Federico Antún Batlle, gerente general de la entidad, así como a otros dirigentes de ese partido y familiares de funcionarios públicos”, precisa.


Que la sociedad dominicana rechace militantemente este tipo de expropiación del patrimonio estatal por parte de funcionarios y dirigentes políticos

Advierte que la ocurrencia es más grave por cuanto se produce en una institución que atraviesa por una crítica situación, fruto de por lo menos tres administraciones de dirigentes políticos, al extremo de que ha sido sometida a un “Plan de Manejo de liquidez” por parte de la Superintendencia de Bancos.

Recuerda PC que, en un intento de rescate, en las últimas semanas se ha informado que el BNV sería transformado en un Banco Nacional de Exportaciones, y al efecto se llegó a presentar un proyecto de ley para destinarle el 10 por ciento de los fondos de pensiones.

A su juicio, esa sería otra nefasta expropiación en contradicción con la ley de seguridad social, por lo que ha sido rechazado por gran parte de la opinión pública.

Recordó que en el BNV existió un Plan de Pensiones para el que todos sus empleados aportaban el 3% de sus salarios y la institución el 14%. Pero ese plan fue liquidado en el 2002, atendiendo a la ley de Seguridad Social 87-01 que estableció un plan de pensiones universal y obligatorio para todos los asalariados. Ç

Detalla que a todos sus afiliados se les devolvió la totalidad de los fondos que habían acumulado por sus aportes personales y del banco, y que un remanente de 180 millones de pesos pasó a ser patrimonio del BNV.

“Tras la llegada a la gerencia general del BNV del ingeniero Federico Antún Batlle, en marzo del 2010, fue implementado un Plan Complementario de Pensiones, sin respaldo legal, ya que la Ley No. 87/01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su Artículo 11, no contempla los sistemas Complementarios de Pensiones al señalar que “el SDSS se fundamenta en un sistema único de afiliación, cotización, plan de beneficios y prestación de servicio”, y en adición señala que “existirá un solo registro previsional el cual integrará a los beneficiarios de todas las cajas y planes de pensiones existentes”.

“Por otro lado, el mecanismo utilizado para la creación del referido plan complementario carece a todas luces de principios éticos. A este plan sólo concurrieron unos 61 funcionarios de la entidad, seis de ellos de reciente nombramiento, y para capitalizarlo se apropiaron de los 106 millones de pesos que habían quedado de remanente del plan que beneficiaba a todos los empleados y se otorgaron préstamos no reembolsables que debió asumir el BNV”, indicó PC.

Expresó que a raíz del escándalo verificado el año pasado por las altas pensiones que se auto confirieron los ejecutivos de la Superintendencia de Bancos, cuando el gobierno desautorizó esos privilegios, en el BNV procedieron a liquidar el “Plan Complementario”.

“Con “préstamos flexibles no reembolsables” por un monto de asumido por el BNV en 20.3 millones de pesos, se completó la suma de 180 millones 238 mil 496.22 pesos que fueron distribuidos entre 61 personas, en su mayoría altos ejecutivos. Las sumas recibidas son una ofensa a la pobreza nacional si se toma en cuenta que las contribuciones de esos ejecutivos no pasaron de tres años”, advirtió.

De esa forma el subgerente de finanzas Roberto Payano recibió 13.1 millones de pesos; el gerente general Federico Antún Batlle 12.1 millones; los subgerentes José Angel Rodríguez y Jeomaris Sifres 11.1 millones y 7.7 millones de pesos respectivamente; el contralor Frank Alberto Nicolás 6.3 millones de pesos, el subgerente Inmobiliario José Román García recibió $10.6 millones de pesos y Wilfredo Mejía Alvarado 7.8 millones de pesos.

Ante el escándalo, Participación Ciudadana demanda lo siguiente:

1.- Que el presidente de la República disponga un absoluto esclarecimiento del escándalo y la recuperación del dinero expropiado ilegalmente al BNV y se establezcan las responsabilidades penales correspondientes;

2.- Que la Superintendencia de Bancos rinda un informe público sobre la situación financiera del BNV y establezca las responsabilidades en la situación de virtual quiebra que le afecta;

3.- Que la sociedad dominicana rechace militantemente este tipo de expropiación del patrimonio estatal por parte de funcionarios y dirigentes políticos.

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