Orden de embargo a bienes de Slim en Panamá «es inapelable», según demandante
Panamá, (EFE).- La orden de embargo de bienes del magnate mexicano Carlos Slim en Panamá, incluida una hidroeléctrica, «es inapelable» y no puede ser suspendida porque esté en curso algún recurso legal en el marco de un diferendo judicial, afirmaron hoy a Efe fuentes jurídicas vinculadas al caso.
«Los embargos están por ejecutarse, porque ese es un procedimiento, pero el embargo es inapelable», dijo hoy a Efe José de Jesús Góndola Molinar, abogado del empresario panameño Julio César Lisac, el demandante en el caso contra Slim.
Góndola precisó que «en tiempos y términos normales» la ejecución del embargo deberá concretarse «esta misma semana» y que espera que así suceda.
Un juzgado panameño ordenó el pasado 20 de noviembre el embargo de los bienes de la empresa Ideal Panamá, S.A., propiedad de Slim, que incluyen, según medios panameños, seis fincas en Chiriquí (occidente), dos en (la provincia de) Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina.
Lisac, de 82 años, denunció en 2006 que el Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009) le quitó una concesión de explotación hidroeléctrica para otorgársela al magnate mexicano de origen libanés, la segunda persona más rica del mundo según Forbes.
La firma Ideal dijo el lunes a través de un comunicado difundido en México que la orden de embargo de sus bienes en Panamá no se apega a derecho, no señala monto o cuantía del embargo, no está en firme ni resolvía en definitiva el diferendo legal.
La empresa precisó que hay decisiones dentro del «Proceso Ejecutivo que no están firmes ni ejecutoriadas» y deben ser resueltos por las instancias superiores.
La ley panameña establece que los recursos que estén pendientes de resolución «no paralizan la ejecución de diligencia ejecutiva», en este caso el embargo, afirmó Góndola.
«Lo que pretende Slim y su gente es minimizar los efectos jurídicos que tiene un embargo, que es una consecuencia fatal para todo mundo menos para ellos. Y eso es porque están acostumbrados a burlar la ley y esa estrategia les ha surtido efecto durante todo este tiempo, que ya se le acabó porque el brazo largo de la Justicia ha hecho sus efectos en este proceso», aseveró el abogado.
Góndola dijo que «las impugnaciones y apelaciones» presentadas por Slim y la panameña Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) «están implementadas con base a ilícitos».
La compañía de Slim recordó el lunes en su comunicado que en enero de 2012 el Consejo del Gabinete del Gobierno panameño instruyó a la ASEP a proceder con el «Rescate Administrativo del Contrato de Concesión de la mina Hydropower Corporation, representada por Julio César Lisac».
Agregó que el 3 de febrero de 2014 Lisac «presentó demanda ejecutiva contra Ideal Panamá y la ASEP», por lo que, en respuesta, ambas entidades interpusieron recursos de apelación y otros medios de defensa en mayo y junio de este año, los cuales se encuentran «pendientes de ser resueltos por parte del Tribunal Superior».
«La figura del rescate no cabía, la usaron arbitrariamente. Y todas esas pruebas están ahí (…). Nosotros nos estamos ocupando de poner cada cosa en su lugar para que no prosperen esos actos ilegítimos en que ellos tienen fundadas sus esperanzas», dijo Góndola.
Por su parte, el administrador judicial, Rogelio Cruz, afirmó hoy a Efe que han sido objeto de la orden de embargo «toda la hidroeléctrica (Bajo de Mina) y todos los bienes inmuebles, muebles, y dinero que impliquen la operación» de la planta, con capacidad para producir 54 megavatios.
Explicó que el juzgado Quinto de Circuito de lo Civil de Panamá ordenó el embargo porque el pasado 30 de junio venció el plazo legal que tenía Ideal Panamá S.A. para entregar los bienes.
Según datos de la prensa local, la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró en 2010 ilegal la resolución con la que la ASEP le retiró a Lisac la concesión de la hidroeléctrica. EFE
