La deficiencia en la administración de justicia queda reflejada en las suspensiones de audiencias en juicios orales en materia juvenil, ya que a nivel nacional hubo el pasado año 1,220 suspensiones sólo en el área de niños, niñas y adolescentes.

De esa cantidad de audiencias orales fijadas, sólo se conocieron 626, lo que indica la falta de respuesta por parte del Estado y la administración de justicia a los adolescentes llevados a 594 audiencias suspendidas.

Las principales causas de audiencias reportadas por las 35 jurisdicciones donde operan oficinas de Defensa Pública y abogados de oficio adscritos son la falta de traslado de imputados, incomparecencia de imputado en libertad, falta de notificación a las partes, falta de traslado para conducir testigos y reiteración de requerimiento a la víctima-querellante.

Incluso, las audiencias son suspendidas hasta por una simple cancelación del “rol”, la falta de algún documento, la incomparecencia de testigo y hasta de los peritos, entre otras.

Estas conclusiones están contenidas en el informe anual presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), donde presenta cuadros estadísticos del comportamiento judicial en el año 2013, porque los resultados de este año que finaliza, serán cotejados en el 2015, explicó Laura Hernández Román.

Al referirse a las soluciones “alternativas”, defiende el trabajo que la ONDP, destacando que ese organismo planteó 3,310 soluciones alternativas en la fase preparatoria e intermedia en materia ordinaria, y que en la fase de juicio se propusieron 1,156 soluciones.

Archivos definitivos

La directora de la ONDP dijo que en materia ordinaria 1,367 es el número de archivos definitivos que se otorgaron durante el pasado 2013; 243 archivos provisionales; 204 criterios de oportunidad; 732 suspensiones condicionales del procedimiento;101 conciliaciones, 596 juicios abreviados con acuerdos plenos y 67 por otras causas no especificadas.

Aclara que en las oficinas donde se obtuvo mayor cantidad de soluciones alternativas en esta etapa fueron las de San Juan de la Maguana con 380; Monte Plata 256; San Francisco de Macorís 169; Barahona 168; Distrito Nacional 148; Moca 147 y Santiago de los Caballeros, 142.

Pobres sin acceso a la justicia

Las personas en condiciones de pobreza o llamadas vulnerables no tienen un acceso efectivo a la justicia, razón por la cual es necesaria la presencia de abogados gratuitos, planteó la directora de la ONDP.

Cita la falta de recursos económicos como uno de los obstáculos para garantizar la protección de los derechos de las personas, a fin de lograr un ejercicio efectivo “y con ello un verdadero acceso a la justicia”.

Laura Hernández Román dijo que se debe dar garantías a las víctimas del delito; así como la asistencia legal y judicial de grupos vulnerables en otras ramas del derecho, laboral, tierras, familia, administrativos, consumidor, derechos colectivos, agrario y seguridad social, entre otras.

“El acceso a la justicia se erige como una garantía que permite que los ciudadanos puedan lograr la defensa y respeto a sus derechos fundamentales, lo cual en términos materiales es imposible conseguirlo si no es por medio de un abogado”, sostuvo.

La directora de la ONDP recordó que hace un año entrego al Poder Ejecutivo una propuesta sobre un plan piloto para el sistema judicial y legal que estaría a cargo de la ONDP, como sucede en la mayoría de los países del hemisferio.

Al defender el trabajo que realiza, dijo a El Nuevo Diario que el pasado año ofreció servicios de defensa pública a nivel nacional a un total de 211,934 personas sometidas a la justicia penal, pero asistidas por los defensores públicos, abogados adscritos y de oficio.

Igualmente dijo que 29, 988 procesos casos fueron atendidos en relación con el año anterior, registrando el mayor porcentaje de aumento las oficinas de las provincias Santo Domingo con 1,662; Pedernales 93; Villa Altagracia,127, Cotuí 113; La Romana 364 y San Pedro de Macorís y La Vega con 447 personas más asistidas que las del año anterior.

Autor: LILLIAM MATEO

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