Punta Cana, La Altagracia.-
Para entender la noche del 18 de marzo de 2013, y la detención del jet francés con 700 kilos de cocaína, primero hay que saber que las autoridades dominicanas infiltraron a un coronel en la red que servía de soporte en el despacho de los narcóticos.

Y que lo hacían por petición de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, a propósito de los constantes cargamentos que salían sin detectar de Punta Cana, y terminaban en Bruselas, Bélgica.

También que la red de los franceses, condenados a 20 años de prisión por un tribunal, solía operar en Puerto Plata durante el año 2012, y que debido a problemas entre militares en la zona decidieron mudar sus operaciones a Punta Cana, coincidente con la filtración del agente de la Dirección de Control de Drogas (DNCD).

En realidad la red operaba primero en Punta Cana, y en un momento la situación “se calentó”, motivo fundamental para mudar las operaciones a Puerto Plata donde volvió a “calentarse”, y la regresaron al aeropuerto del este, según consta en la sentencia condenatoria de cuatro ciudadanos franceses.

Esa noche comenzó el proceso judicial que ya suma la fuga de los dos pilotos de la nave, con la ayuda de un comando técnico y militar de Francia, y que ha tensado las relaciones entre República Dominicana y Francia a razón de que esta última república se niega a la extradición de los prófugos.

La voz que ayuda a entender el desenlace del 18 de marzo es la del coronel Junio Antonio Ovalle Concepción, miembro de la Policía Nacional, y quien pasó cuatro años en servicio en la DNCD, cuando su presidente lo fue el general Rosado Mateo.

Él es quien devela el cartel que se había instalado en el aeropuerto, donde enviaban un cargamento de narcóticos cada miércoles a Bruselas por Jet Air Fly, con la complicidad de parte importante del personal militar de puesto en el aeropuerto.

“Una vez ese Jet vino por Puerto Plata y ahí hubo un problema entre un capitán y un teniente”, cuenta el coronel que le explicó otro militar, cuando le planteó, por primera vez, permitir la entrada y salida del Falcon con los franceses y los kilos de narcóticos.

Cuando le plantearon la operación le informaron que el vuelo se iría del país con 300 kilos de cocaína el día 17 de marzo al mediodía, pero según pasaban las horas aumentaban las informaciones de incremento del cargamento, y se le escondía la hora exacta de partida al coronel Ovalle, entonces comandante de la DNCD en Punta Cana.

Con la delación y siguiente detención se encontraron en el jet unos 700 kilos de cocaína, y al coronel, que fungía como agente infiltrado, solo le notificaron la presencia en el avión de 450 kilogramos de narcóticos. En su declaración ante el tribunal, Ovalle reconoce “que hasta a él mismo lo querían volar”, una especie de tumbe dentro del mismo cartel instaurado en el aeropuerto.

El coronel cuenta que al aeropuerto llegaron 2 yipetas, con entrada y salida continua: una Land Cruiser blanca y otra Toyota Prado. Testificó que al concluir sus entradas y salidas, se encendieron las turbinas del jet Falcon que llevaba los 700 kilos de cocaína.

Tras la señal debida, en esa época mensajes de texto a través de la telefonía Black Berry, llegó al aeropuerto un helicóptero especial que traía al presidente de la DNCD, el general Rosado Mateo, y se procedió a la detección de los pilotos, el asistente de vuelo y el pasajero del avión.

El coronel revela que mantuvo conversaciones constantes con el general Rosado Mateo y un general, a quien identifica como Vicioso. Le informaba cada paso que daba la red para su autorización. Confirmó haber grabado y tomado fotografías en las acciones de la red, para lo cual obtuvo una licencia de la DEA y la autorización de acción de la DNCD.

Los pilotos franceses Pascal Fauret y Bruno Odos escaparon del país en una supuesta excursión de pesca, y en altamar abordaron otra nave que les llevó hasta San Martín. En avión se movieron a Martinica y desde allí partieron a Francia en un vuelo comercial, según medios franceses.

El eurodiputado Aymeric Chauprade y el criminólogo Christophe Naudin se han presentado como los encargados logísticos del escape de sus compatriotas, supuestamente porque hay “evidencias de sobra de que se trata de una injusticia”.

El primer ministro francés, Manuel Valls, negó ayer que el Ejecutivo estuviera al corriente de que el ex presidente y jefe de la oposición Nicolas Sarkozy era objeto de una vigilancia judicial por geolocalización de su teléfono.

Valls señaló ante la Asamblea Nacional que el ministerio de Justicia desconocía que una jueza de instrucción de Marsella había ordenado geolocalizar el teléfono móvil de Sarkozy dentro de la investigación por el llamado caso de “Air Cocaína”.

“Las acciones decididas por la jueza de instrucción de Marsella relativas al señor Nicolas Sarkozy no fueron en ningún caso puestas en conocimiento del ministerio de Justicia por la fiscalía general de Aix-en-Provence”, señaló Valls.

En una entrevista publicada hoy en el diario “Le Parisien”, Sarkozy se preguntaba:  ¿Cree usted que se geolocaliza al jefe de la oposición sin que la ministra de Justicia sea informada?

¿Y si ella no estaba informada, acaso no habla con el Presidente de la República?”.

En el caso de “Air Cocaína”, cuatro franceses fueron detenidos en la República Dominicana -de los cuales dos huyeron la semana pasada del país en una rocambolesca huida- cuando iban a sacar del país un jet lleno de maletas de cocaína.

Se da la circunstancia de que Sarkozy había utilizado en el 2013 varias veces ese mismo aparato en vuelos privados para impartir conferencias, cuando no tenía ningún cargo orgánico en su partido, Los Republicanos.

Por ello, la jueza ordenó que se geolocalizase a Sarkozy y se analizasen sus facturas de móvil, aunque finalmente la justicia descartó cualquier vinculación del expresidente con el caso.

¿Qué se imaginaban? ¿Qué estaba en Punta Cana sobre 700 kilos de cocaína?

Todo esto sería risible si no se tratara de la violación de principios del derecho para todos los franceses”, señaló Sarkozy en la misma entrevista.

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