San Juan,
El Gobierno de Puerto Rico no descarta acudir a los tribunales en caso de que se imponga la voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla de no abonar el bono de navidad y se reduzca la jornada laboral de los funcionarios.

En declaraciones a los medios tras asistir a la primera jornada de la Convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que se celebra hasta mañana en la localidad de Fajardo -este de la isla-, el gobernador, Ricardo Rosselló, dijo que esperaba no tener que echar mano de la justicia.

“Pero adoptaré cualquier vía para proteger al pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Las declaraciones del gobernador se producen después de que le enviará una misiva anoche a la JSF en la que les indicaba que la Ley no les permite adoptar medidas de reducción de jornada laboral y del bono de navidad, más aún si se cuenta con un Plan Fiscal certificado por el propio organismo y se está cumpliendo con el control de gastos.

El primer ejecutivo recordó en una misiva -enviada ayer a la JSF- que la sección 205 de la mencionada ley otorga la discreción al Gobierno de Puerto Rico de adoptar o no las recomendaciones de la JSF.

A su vez, consideraba que las medidas tendrían un impacto negativo sobre la economía isleña.

La JSF ha propuesto dos días mensuales de reducción de jornada para los profesores y cuatro días para los funcionarios para de esta forma lograr ahorros de hasta 40 millones mensuales de dólares.

A su vez, considera necesario eliminar en 2018 la paga extra de navidad.

En una misiva enviada el pasado viernes, la JSF advertía que de continuar por la actual senda, sin que se apliquen más medidas de ahorro, Puerto Rico podría quedarse sin dinero para pagar a los funcionarios a finales de este año.

La situación de la economía de la isla se tornó todavía peor después de que en 2016 el entonces Ejecutivo liderado por Alejandro García Padilla se declarara incapaz de asumir una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.

La crítica situación provocó que el Congreso en Washington aprobara la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en junio de 2016.

Esa norma establece la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal al Ejecutivo de la isla caribeña con capacidad para supervisar e, incluso, vetar cualquier decisión del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló.

Promesa también establece lograr presupuestos balanceados, reestructurar la deuda a largo plazo de Puerto Rico, restablecer el acceso a los mercados de capital a tasas razonables y restaurar la oportunidad económica para todos en la osla.

EFE

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