Justicia panameña tiene hasta tres meses para investigar a Martinelli por corrupción
PANAMÁ.- La Justicia de Panamá tiene un plazo máximo de 3 meses para investigar por corrupción al expresidente y ahora diputado centroamericano, Ricardo Martinelli, quien puede enfrentar un juicio expedito en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, explicaron hoy a Efe expertos juristas.
La Corte Suprema de Justicia informó el pasado jueves del inicio de la investigación contra Martinelli (2009-2014) por delitos contra la administración pública, y precisó que los magistrados designados para el caso comenzarán mañana 4 de mayo las diligencias.
Se trata de una investigación sumaria a cargo de una institución «muy cerrada», como lo es la máxima corte, por lo que difícilmente su desarrollo se hará público, coincidieron los juristas consultados por Efe.
«Mañana no podemos esperar que haya unos magistrados hablando, aquí en Panamá los magistrados hablan por sus fallos, nunca usted va a ver a un magistrado hablando a los medios de comunicación» en medio de un proceso, afirmó el abogado Ernesto Cedeño.
El pasado 28 de enero, cuando se admitió el conocimiento de la causa penal contra Martinelli, quien ese mismo día salió del país, el Supremo designó a sus magistrados Oydén Ortega como fiscal y Jerónimo Mejía como juez de garantías de la misma.
El exgobernante, que está en Miami (EE.UU.) según dijo a Efe uno de sus abogados, Sydney Sittón, es investigado por la compra con supuesto sobrecoste de comida deshidratada a través del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), organismo que firmó un contrato para ello por 45 millones de dólares.
El artículo 491-A del Código Procesal Penal establece que el magistrado fiscal tiene plazo de 2 meses para concluir la investigación contra Martinelli, con la posibilidad de pedir una prórroga de hasta un mes «en caso de imputación compleja».
Durante esta etapa el magistrado fiscal puede pedir medidas cautelares como la detención provisional de Martinelli, a través de Interpol si continuara fuera del país.
Así lo explicó la jurista y diputada de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) Zulay Rodríguez, quien fue una de las tres juezas de garantías en el proceso por corrupción que se siguió, también bajo el Sistema Penal Acusatorio, contra el exmagistrado del Supremo Alejandro Moncada.
Moncada fue condenado el pasado marzo a 5 años de cárcel por falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito, después de que llegó a un acuerdo con la Fiscalía que dejó por fuera los cargos de blanqueo de capitales y corrupción que también se le imputaron.
El Sistema Penal Acusatorio, que establece procesos orales y abreviados, fue aprobado en 2008 y se ha puesto en marcha en algunas zonas del país, aunque se aplica directamente a diputados de la AN y magistrados del Supremo.
Martinelli será juzgado bajo este sistema porque es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y la norma de ese organismo establece que sus integrantes están sujetos a las leyes que en cada país rigen para los legisladores.
Una vez cerrada la investigación, el magistrado fiscal «tiene que pedir llamamiento a juicio o sobreseimiento. Las pruebas le pueden motivar que llame a juicio o que archive la causa», dijo Cedeño.
Si se realiza una «formulación de imputación» o petición de llamamiento a juicio por parte del magistrado fiscal, éste «tiene que dar una recomendación, que va al pleno del Supremo y ellos ven si le dan la formulación de acusación» o apertura de juicio, aseguró Rodríguez.
El juez de garantías «no decide, (solo) tiene que ver si las pruebas son lícitas, eficaces, idóneas», enfatizó la diputada y exjueza de garantías.
«El pleno de la Corte Suprema de Justicia es el que tiene que procesar (a Martinelli) si es que lo llaman a juicio, porque puede que no lo llamen a juicio», expresó por su parte el abogado Cedeño.
De abrirse el juicio, «automáticamente los magistrados del pleno tienen que dar los alegatos, derecho a replica y se declaran en sesión permanente para ver si absuelven o condenan» al acusado, agregó Rodríguez.
Esa etapa del proceso puede durar entre 24 horas y cinco días, pues la ley establece que el pleno, con los votos de las dos terceras partes, es decir 6 de los 9 magistrados, puede fallar inmediatamente o conceder a un «magistrado sustanciador 3 días para que formalice la decisión y 2 días adicionales para que sea firmada», explicó la diputada.
En lo único en que no coincidieron los juristas consultados por Efe es en la necesidad de que Martinelli esté presente durante la eventual formulación de cargos.
Mientras Rodríguez opina que la ley permite que a Martinelli se le enjuicie «en ausencia, porque están sus abogados», Cedeño piensa que sí debe estar presente, por lo que, si se llega a esa etapa del proceso, «la Corte debe emitir una orden de ‘comparendo’ para que lo busquen», incluso a través de Interpol.
EFE
