El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en su rol de cabeza del Ministerio Público, reflexiona sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia dominicano, específicamente aquellos vinculados a los cuerpos de investigación.

Reconoce deficiencias en la etapa de resolución de conflictos, en el levantamiento de las pruebas, y en la persecución de los delitos, pero también en el Código Procesal Penal Dominicano, al que -entiende- se le deben derogar algunas disposiciones para evitar la burocracia que se da en la justicia. Aboga por cambios profundos en la Policía, pues cuestiona la poca capacidad que tienen los agentes encargados de la investigación, una deficiencia que a su juicio se traduce en mayores niveles de impunidad y en la corrupción que puede darse en los procesos en que participan.

Faltan espacios físicos aptos para la conciliación

“Hay que desarrollar una cultura de paz, y promover la mediación”.
Una de la razones por las que los tribunales de justicia se encuentran congestionados de expedientes se debe, a decir de abogados y jueces, a que la gran mayoría de los conflictos menores se judicializan, cuando deberían ser resueltos mediante una mediación efectiva o una conciliación.

Pero para que esas mediaciones se den, el Ministerio Público debe contar con los espacios suficientes y aptos para que las partes puedan llegar al entendimiento, y esa es una de las carencias que admite el procurador.

“Nosotros hemos evolucionado mucho en la creación de las fiscalías barriales, fiscalías comunitarias, casas de justicia, pero cuando se ven los niveles de conflictividad y la gran cantidad de personas que por pequeñas cosas buscan espacio donde desahogarse y plantear sus dificultades, me doy cuenta de la necesidad de crear nuevos espacios, que sean de cultura de paz, de promover la mediación y conciliación en los casos menores”, dice.

La demanda de esos escenarios es más notoria en ciudades grandes, y con mayor índice de conflictos, tales como el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Aunque el Ministerio Público debe dirigir la conciliación, Domínguez Brito ve necesaria la participación de las comunidades en esas gestiones, y destaca la creación de la Oficina Nacional de Mediación, a través de la cual ofrecen capacitación a ciudadanos sobre la necesidad de crear una cultura de paz.

“Hemos avanzado mucho, pero te das cuenta que hay que incluir a la población, que no pueden ser sólo los fiscales. Que hay que crearles espacios que no haya tanto calor, que las personas tengan una mesa digna, que la gente pueda beber agua, pues personas con calor, incómodas, voceándose cosas, terminan en la agresión. Esto parece sencillo, pero no lo es”.

“La persecución tiene que ser menos burocrática”

La persecución se entretiene mucho en las formas
“Ponemos demasiado énfasis en la burocracia, y eso hay que cambiarlo”.
Para Domínguez Brito, la forma en que se realiza la persecución penal en el país tiene que redireccionarse, hacerse más ágil y fácil. Para ello será necesario, a su juicio, derogar varias disposiciones del Código Procesal Penal referentes a la judicialización de los casos y la burocracia. Ello permitiría que la persecución sea más efectiva y que las víctimas no terminen por desencantarse.

“Nos entretenemos en las formas; mucha revisión de las medidas de coerción, para todo hay que pedir permiso, los plazos empiezan a correr a partir de cualquier cosa, y toda la energía se gasta en un papeleo. Y eso era lo que no quería el Código que se ha convertido en un sistema de papeleo. Hay que volver a concentrarnos en la verdad, si alguien se equivocó, que sea juzgado y condenado, pero estamos poniendo demasiado énfasis en la burocracia y eso hay que cambiarlo”, advierte el magistrado.

No cree que el problema de la justicia sean los jueces y fiscales corruptos, pues entiende que son mínimos los casos en los que alguno se ven involucrados en escándalos, y que, por el contrario, la gran mayoría hace una gran labor.

“En sentido general, los jueces hacen su labor. Por dos jueces o fiscales no se puede desacreditar a todos. La mayoría hace un esfuerzo para hacer sus cosas bien hechas. Hay decenas de jueces arriesgando su vida y luchando por hacer las cosas”, expresa Domínguez Brito, que insiste en que la investigación sea menos judicial y la persecución menos burocrática.

La Policía no está capacitada para hacer las investigaciones

“Si son profesionales, esos policías deben ganar mínimo 60 mil pesos”.
Al abordar los fallos que se dan en la investigación, Domínguez Brito destaca dos deficiencias que se dan en el aspecto técnico y equipamiento, y la formación del personal.

Del primero, señala que, aunque el Instituto Forense dispone cada vez de más equipos, hay muchas necesidades en la Policía Científica, que apenas funciona en Santo Domingo y Santiago. “Por ejemplo, tú tienes una investigación que necesita con rapidez cruce de llamadas o identificación de traslado de posibles imputados, pero puede durar muchísimo tiempo porque a veces solo hay un equipo que trabaja con eso, cuando se necesitan diez”.

En cuanto al personal que realiza esas labores, ve urgente que se dé un salto en la estructura y cultura de la investigación. “Creo que ya hay que pasar a otra etapa donde todos los reclutamientos de la policía investigativa tengan que ser graduados universitarios, que sean sometidos a polígrafos y a pruebas de inteligencia, de aptitudes, que sean sometidos a un nuevo proceso de depuración. Igual la capacitación que se está haciendo, que no es la adecuada. Hay que cambiar todo el sistema de capacitación de la Policía de Investigación y el sistema de control interno”, propone el procurador.

Como parte de ese cambio de cultura, es preciso que se asuma a los fiscales como directores de la investigación, y a nivel interno de la Policía, insistir en la persecución de la corrupción, evaluar el desempeño y mejorar los salarios y la seguridad social a los agentes, dice.

Tania Molina/Diario Libre

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