SANTO DOMINGO.– El asesor del sector empresarial en el proceso de reforma del Código de Trabajo, Carlos Hernández, planteó que ha llegado el momento de repensar este conjunto de normas con modificaciones en al menos 26 puntos identificados por los empleadores, mientras que el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque rechazó los argumentos empresariales y sostuvo que la realidad apunta más a un agotamiento del modelo económico que ha imperado en el país.

En un panel sobre la reforma del Código de Trabajo en Funglode, también el magistrado Hermógenes Acosta, experto constitucionalista y Juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, se refirió a la colisión que se genera entre la Ley 16-92 vigente con la Constitución del 2010, en varias aspectos legales.

La Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas (RDCJ) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) organizó el panel «Hacia una reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana», al que asistieron el ex presidente de la República y presidente de la fundación, Leonel Fernández, y la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, así como abogados, dirigentes sindicales y directivos del sector empresarial.

La abogada y directora de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas, Laura Castellanos, moderó el panel, mientras que Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, tuvo a su cargo la introducción de la actividad.

Castellanos inició la presentación de los panelistas resaltando la necesidad de impulsar el debate en torno a la reforma al Código de Trabajo, aprobado en 1992, tras un largo proceso de discusión en la sociedad dominicana de entonces, informa Funglode en una comunicación de prensa.

La necesidad de readecuar la legislación para adaptarla a las necesidades actuales institucionales del país, y con ello a Constitución vigente desde 2010, fue una de los planteamientos iniciales de Castellanos para dar inicio a las intervenciones, dice el despacho de prensa.

El magistrado Acosta se refirió al contexto constitucional en el que surge la propuesta de modificación del Código, y consideró que en ese escenario hay dos aspectos que merecen tener en cuenta los principios constitucionales. Un primer aspecto tiene que ver con los cambios que se proponen en la cesantía, y los plazos de pruebas, y otro tema es el que plantea la imposición de pruebas antidoping a los empleados.

Advirtió que con estos dos temas puede haber algún tipo de choque, algún tipo de colisión. En el primer caso, explicó, la cuestión tiene que ver con los principios de progresividad de los derechos fundamentales, y en el segundo con lo relativo a la intimidad y la dignidad de las personas.

Acoasta recordó que la Carta Magna consagra, en su artículo 7, que el Estado dominicano es un «Estado social y democrático de derecho».

En tanto que el experto laboral Carlos Hernández sostuvo que la reforma del Código de Trabajo debe propiciar una mejoría en las relaciones laborales dominicanas y su marco regulatorio, siempre preservando los derechos adquiridos.

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