América Latina y el Caribe son una región rica, pero con alta desigualdad social y económica en su población, donde no hay políticas generales dirigidas a solucionar o disminuir esa situación, según conclusiones de un estudio realizado por el investigador y catedrático universitario chileno Miguel Peñailillo.

Angie Bergés, oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo este jueves que la investigación está basada en la corrupción y la transparencia, y aparece publicada en la página web del organismo internacional.

Entrevistada en el programa «Milagros desde la Z», Bergés, al hacer referencia del estudio, destaca la parte relacionada con el nivel de los ingresos de la población latinoamericana y caribeña, para definir el equilibrio socioeconómico.

Explicó que de acuerdo a ese estudio, el 10 por ciento de la población más rica de la región acumula el 48 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo recibe 1.6 por ciento de la totalidad de las riquezas generadas por los distintos gobiernos.

Esos resultados, afirma Bergés, indican la marcada desigualdad social y económica existente, lo cual afirmó que influye en los niveles de corrupción y la falta de transparencia de los actores políticos y sociales, así como en la gerencia del Estado.

El estudio sostiene que en América Latina y el Caribe hay procesos electorales abiertos y «equitativos», sin embargo, hay graves problemas de gobernalidad.

Bergés fue intervenida por la exvicepresidenta Milagros Ortíz Bosch, conductora del programa, para citar el caso de República Dominicana, donde afirmó que no es igual que en Colombia y otras naciones latinoamericanas, porque no hay una ley de partidos que los rija ni fortaleza institucional.

Recordó que en el país fue aprobado un conjunto de leyes que se pensó contribuirían a impulsar el desarrollo, pero se ha logrado poco, lo cual atribuyó a la falta de institucionalidad en los partidos y sus dirigentes, porque cuando pasan a gobernar incumplen las normas y las leyes, careciendo de valor y de calificación para darles la responsabilidad de gerenciar el Estado y en el rendimiento de cuentas. 

Al criticar esa realidad, insistió en la necesidad de que el país se aboque a la aprobación de esa ley, pendiente de discusión en el Congreso Nacional.

Al retomar su exposición, Bergés consideró que en República Dominicana se perciben buenos niveles de desarrollo, pero sin que los partidos estén fortalecidos. En la sistema de justicia se tiene una percepción de 2.7 de 10 en el Indice de Transparencia, aspecto que afirmó impacta negativamente en los niveles de corrupción y el desarrollo. Citó que esos elementos de vulnerabilidad contribuyen a auspiciar la corrupción.

La consultora del PNUD indicó que el estudio de Peñahilillo también señala que en la región hay sistemas democráticos, pero presentan un agotamiento en el desempeño y se enarbolan políticas de Estado que casi nunca se concretizan.

Dijo que el estudio establece una relación entre la corrupción y la seguridad ciudadana, y advierte que sin una justicia y una policía fuertes, que apliquen adecuadamente las leyes, se causa un impacto en la seguridad ciudadana y la corrupción.

Sentenció que la concentración de las riquezas crea vulnerabibilidad y desequilibrios en la región.

Bergés consideró que las sociedades deben entender que forman parte de un colectivo y que deben asumir su rol para enfrentar la corrupción, por ser un fenómeno dual, de ambas vías, que el Estado por sí solo no va a corregir ni enfrentar si sus dirigentes no son obligados por los demás actores sociale. 

Citó de ejemplo los logros obtenidos a principio de la década de los años 90, cuando se adoptaron políticas en materia de la información pública, la tecnología y el consenso, que luego se estancaron en algunos países, porque constituían herramientas que frenaban la corrupción.

La consultora destacó que, en su estudio, Peñahilillo plantea que la corrupción es la que hace las reglas en muchos países, por lo cual plantea la necesidad de que la información elaborada en los estados sea de calidad con miras a mejorar los niveles de transparencia y disminuir la corrupción.

Estima un paso de avance la conformación de las comisiones de veedurías, destacando los resultados obtenidos por éstas en Chile y Brasil.

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