CARACAS. Venezuela celebró como un “triunfo” la decisión del órgano de arbitraje del Banco Mundial, CIADI, que revocó una decisión por la que debía pagar 1.412 millones de dólares a Exxon Mobil por la nacionalización de activos en 2007.

El dictamen “representa un triunfo judicial incontrovertible en defensa de los derechos soberanos e irrenunciables de nuestra patria sobre nuestros recursos energéticos”, señaló este viernes el ministerio de Petróleo en un comunicado.

Las expropiaciones de Exxon Mobil ocurrieron cuando el director de la compañía era Rex Tillerson, actual secretario de Estado estadounidense.

El Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (CIADI) anuló un párrafo fundamental de una decisión de 2014, que obligaba a Venezuela a indemnizar a Exxon Mobil por la expropiación del Proyecto Cerro Negro, en 2007.

Es una “justa decisión” que “reconoce el apego legal” de las autoridades venezolanas con respecto a la participación de la multinacional en dicho proyecto, resaltó el ministerio.

Al anular el párrafo que estipulaba el valor a pagar (1.411,7 millones de dólares), el CIADI accedió, en una parte substancial, al pedido venezolano de verificar el cálculo de las indemnizaciones y anular el laudo del 9 de octubre de 2014.

“Ratificamos a Exxon Mobil y a las empresas internacionales nuestra disposición a seguir trabajando juntos en proyectos energéticos (…) en el marco jurídico nacional y del Derecho Internacional”, subrayó el gobierno socialista.

La multinacional argumentó ante el CIADI que “merecía una compensación por un monto no menor” a 16.800 millones de dólares por los daños, “más intereses”.

Venezuela enfrenta varias demandas ante ese tribunal -del que se retiró en 2012- por parte de empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas a raíz de la nacionalización de sus activos durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Socio fundador de la OPEP, Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo (unos 300.000 millones de barriles) y su principal cliente es Estados Unidos, al que acusa continuamente de conspirar contra la llamada revolución bolivariana fundada por Chávez.

AP

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