SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Si fueran personas, la mayoría estaría diagnosticada con enanismo. El más antiguo es la Alianza Social Dominicana (ASD), que tiene 53 años de trayectoria política y mantiene apenas el 0.42% del favor electoral, de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2012. Le siguen el PRSC, con 50 años y el 5.87% de los votos y el PQDC, con 47 y el 1.32% del electorado.

Once de los partidos minoritarios tienen más de 25 años; cinco, entre diez y 16 y, nueve son bastante jóvenes, con menos de diez años de vida política. 

Y aquí radica otra cuestión, puesto que las leyes no distinguen entre partido emergente y partido decadente; y en un sistema como el dominicano, la decadencia puede ser muy larga y hasta lucrativa.

Atendiendo a esta preocupación fue que la Junta Central Electoral planteó, en su propuesta de ley de partidos, que la pérdida de la personería jurídica también se produzca siempre que una organización no alcance el 2% de los votos válidos o cuando deje de presentarse durante dos elecciones generales consecutivas, como ha hecho el PNVC.

Quizás solo un partido, el MODA, hubiera pasado la prueba de las últimas elecciones si una legislación similar estuviera vigente.

La intención es buena, pero el efecto, no necesariamente. Sobre todo si se repara en que también los partidos pequeños con propuestas auténticas serían fácilmente aplastados por el sistema.

La otra forma de financiamiento estatal

Los fondos otorgados a través del presupuesto nacional a los partidos pequeños podrían ser una modesta proporción de todo el financiamiento público que reciben, si se considera que los partidos que gobiernan les asignan instituciones y cargos como retribución por el apoyo recibido en campaña.

Aunque oficialmente no es una modalidad de financiamiento, en la práctica lo es, puesto que les permite a los partidos emplear a su militancia, asignarle “ayudas focalizadas” u otros favores que se pagan en las urnas.


El partido de la familia Castillo, que logró el 0.73% de los votos en 2012, tiene una influyente participación en el Estado, muy superior a la de otros de la alianza que aportaron mayor número de votos. 

Por este concepto, como se diría en el argot de la contabilidad, el gobierno encabezado por Danilo Medina mantiene en manos del PRSC la Cancillería General de la República, la Cámara de Cuentas, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Postal Dominicano, la Liga Municipal Dominicana y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud.
Al BIS, le toca la Lotería Nacional; a la UDC, la Oficina de Desarrollo de la Comunidad; Al PCR, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre); al PASOVE, el Consejo Nacional de Población y Familia y al PUN, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecop).

Por último, la FNP tiene la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, la Dirección General de Migración y, si cabe, el joven Ministerio de Energía y Minas.

Con esas tres instituciones, el partido de la familia Castillo, que logró el 0.73% de los votos en 2012, tiene una influyente participación en el Estado, muy superior a la de otros de la alianza que aportaron mayor número de votos. Como ejemplo, el propio BIS, que obtuvo el 1.59% de los sufragios; el PQDC, que alcanzó el 1.32% y la UDC, con el 0.78%.

Los datos indican que los votos aportados por los pequeños no son el criterio para determinar su nivel de presencia en el Estado ni, en consecuencia, su influencia.

Una transparencia cuestionada

A esto se suma un problema de transparencia. Los partidos políticos en general, y los pequeños en particular, se caracterizan por hacer un uso poco transparente de los fondos que reciben.

Según datos del Observatorio del Financiamiento de los Partidos Política de Participación Ciudadana, que datan de 2011, ninguno de los partidos cumple los mandatos de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, creada con la finalidad de mejorar los niveles de transparencia.


Por otro lado, las auditorías de la Cámara de Cuentas realizadas a los partidos dan indicios de problemas en la gestión administrativa de los partidos pequeños. 

La entidad hace un ránking en el que el cumplimiento absoluto de la Ley está valorado en 100 puntos y el incumplimiento total en 0. El resultado no podía ser más desalentador: 16 partidos obtuvieron 0, incluyendo al PLD y al PRD.

Los mejores posicionados no pasaron de un desafortunado 8: la FNP, el PLRD, el MODA, el PCR, la APD, el PASOVE, DXC, UDC, el PRSD y el PQDC.

En su monitoreo, el Observatorio halló que el 30% de los partidos reconocidos por la JCE ni siquiera tenía una página web o blog, y los que la tenían, no publicaban las informaciones exigidas por la referida norma.

Además, el 62% no respondió a una solicitud de información pública y el 38% restante entregó la información incompleta.

Por otro lado, las auditorías de la Cámara de Cuentas (un resumen puede ser consultado en el enlace «Documentos») realizadas a los partidos dan indicios de problemas en la gestión administrativa de los partidos pequeños, que son el foco de este trabajo. Al menos así era en el año 2008, que fue el auditado por el órgano fiscalizador.
“El financiamiento realmente se está necesitando porque la política ha dejado de ser un arte y una ciencia, como decía Juan pablo Duarte, para ser un mercado”, dice la legisladora, convencida de que los partidos deberían financiarse con los aportes voluntarios de sus militantes.

Superado esto, que todavía ni siquiera es un tema de reflexión para muchos partidos, el otro reto sería lograr que transparenten sus fuentes de financiamiento privadas. En este sentido, la propuesta de ley de partidos la JCE contempla que podrán recibir aportes del sector privado siempre que no superen el 0.5% del monto máximo otorgado al partido con mayor presupuesto y califica de ilícitos los aportes cuya procedencia no se pueda determinar.

Pero estas propuestas, en propuestas quedan, dado que los partidos han dado muestras claras de que no quieren exponerse. Hace 15 años que el Congreso tiene la pelota. Legislaturas van y vienen; propuestas van y propuestas vienen. Hay al menos cinco proyectos de ley de partidos que durante más de una década han “dado bandazos” en las cámaras legislativas.

“La desgracia nuestra es que los que tienen la posibilidad de modificar el estado de cosas no tienen incentivos para modificarlo porque les está yendo muy bien”, dice Toribio, refiriéndose a los congresistas.

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