El Primer Circuito de Apelaciones de Boston falló hoy en contra de una impugnación que hiciera el Gobierno de Puerto Rico sobre la determinación del juez federal, José A. Fusté a favor de una demanda presnetada por Walmart contra el Departamento de Hacienda.

Según el foro, «la corte del distrito federal tenía jurisdicción porque Walmart P. R., en el momento, carecía de un recurso sencillo, rápido y eficiente en los tribunales de Puerto Rico debido a los cambios en la legislación y la regulación”.

La pugna se remite a un impuesto creado por el Gobierno de Puerto Rico que pretendía que las corporaciones paguen por transacciones hechas entre su matriz en Estados Unidos y su filial en Puerto Rico («transfer pricing»).

A pesar de las cláusulas de comercio interestatal, «Puerto Rico afirmaba que podría obligar a Walmart P. R . apagar más de $ 200 millones en impuestos inconstitucionalmente impuestas”, lee la determinación.

“Estamos de acuerdo con el tribunal de distrito de que Puerto Rico ha paralizado sus tribunales con el fin de privar a Walmart de un remedio eficaz en el momento de la demanda. En efecto, el recurso interno disponibles para Walmart P. R. hoy es fundamentalmente diferente de lo que habría estado disponible antes de la promulgación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y las recientes directrices del Tesoro”, sostiene el fallo.

Ante la aprobación de este impuesto, Walmart Puerto Rico demandó al Departamento de Hacienda, al cuestionar la constitucionalidad de la Le 72 de 2-12 con la que se aumentó el transfer pricing. El juez Fusté emitió un veredicto a favor del reclamo de la multinacional.

Ante esto, el Gobierno escaló hasta el foro en Boston con la justificación de que el foro federal en Puerto Rico no contaba con la jurisdicción para esta determinación. Para esto, el Gobierno se amparó en la Ley Butler, que establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para intervenir en pleitos en los que se cuestionan impuestos estatales.

Metro buscó una reacción del Departamento de Hacienda sobre la determinación de Boston, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Por su parte, Lorenzo López, Director Senior de Comunicaciones Corporativas de Walmart, expresó que “la decisión es una victoria, no solo para Walmart Puerto Rico, sino también para nuestros cliente y los muchos suplidores y agricultores puertorriqueños que dependen de nosotros”.

“El impuesto inconstitucional decretado por la Ley 72 era muy perjudicial para nuestro negocio, ya que confiscaba el 100 % de nuestras ganancias”, señaló.

Metro.com

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