FINJUS urge aprobar Ley sobre Declaración Jurada y Enriquecimiento Ilícito
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, la importancia de que la iniciativa legislativa que modifica y adecua la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito sea aprobada en la presente legislatura.
“El mencionado proyecto juega un rol fundamental en los pasos hacia una cultura de transparencia en coordinación con otras herramientas que se han adoptado desde el Estado para la gestión eficiente de recursos públicos como lo es la Cuenta Única del Tesoro”, resaltó mediante una nota de prensa enviada a los medios.
Recordó que en la última década una de las prioridades en la creación de dicha cultura de transparencia en el Estado, consiste en reforzar la legislación dominicana sobre rendición de cuentas de los funcionarios públicos, armonizando la normativa vigente con los pactos internacionales sobre la materia, como son la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Destacó que la declaración jurada se entiende como una medida preventiva eficaz en la lucha contra la corrupción, y en tanto permite monitorear el incremento del patrimonio de los funcionarios públicos.
Asimismo, aseguró que constituye un buen indicador para detectar posibles situaciones de conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito, que posteriormente deben resultar en consecuencias.
Dijo FINJUS valora que existe un amplio consenso social que favorece la pronta aprobación de dicha iniciativa y que resalta la necesidad de modificar la Ley 82-79, de forma que se amplíe el rango de funcionarios públicos obligados a presentar su declaración jurada.
Aseveró es una forma de unificar los criterios y el formato para realizar los inventarios, hacer más estrictos los procedimientos de control y auditoría del patrimonio, así como el establecimiento de sanciones más graves para los que incumplan el mandato de la ley.
