FBI arresta 40 personas por fraude al Seguro Social en Puerto Rico.
El fraude al Seguro Social de los Estados Unidos en Puerto Rico parece no tener fin.
Mientras le tienen el ojo puesto a sobre 1,000 personas, las autoridades federales diligenciaron hoy 40 órdenes de arresto, en otra ronda de intervenciones contra acusados por fraude al Programa de Beneficios de Seguro por Incapacidad del Seguro Social.
En la más reciente ofensiva contra esa práctica, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, identificó al principal imputado en el esquema de fraude como el siquiatra Luis Escabí Pérez, quien tiene una oficina registrada en Guaynabo y ahora enfrenta múltiples acusaciones.
A Escabí Pérez y a otras cinco personas se le formularon cargos de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, fraude electrónico, robo de propiedad del gobierno, ocultar mejoría de salud al Seguro Social y falsos testimonios.
Rodríguez explicó que el siquiatra recibía $500 por la presentación de los informes médicos al Seguro Social y hasta $5,000 por poner fechas pasadas a los expedientes, para crear la apariencia de que los pacientes llevaban mucho tiempo recibiendo tratamientos médicos. Aunque la investigación contra Escabí Pérez comenzó en 2013, los fiscales entienden que llevaba mucho tiempo realizando la práctica ilegal.
«Evaluaba, trataba y diagnosticaba a los solicitantes de una manera calculada para justificar una incapacidad no existente con el fin de engañar y persuadir al Seguro Social a otorgar los pagos de beneficios por incapacidades retroactivas y futuras», sostuvo Rodríguez en conferencia de prensa.
Rodríguez y el jefe en Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, describieron como «sofisticado» y «adelantado» a Escabí Pérez en cuanto a las técnicas que utilizaba para defraudar al Seguro Social, aunque no pudieron entrar en detalles por tratarse de prueba que utilizarán en el tribunal.
«Este es otro caso de fraude al Seguro Social en el que individuos inescrupulosos, chanchulleros y buscones obtuvieron ayuda ilegal del gobierno federal, dinero que es de todos los que aportamos y nos están robando», expresó Cases.
«Este no es un crimen sin víctimas. Más bien es un acto indignante, despreciable y reprochable que le priva de estas ayudas a las personas que realmente lo necesitan», agregó. «En resumidas cuentas, estos individuos son unos parásitos del sistema», sentenció.
Asimismo, Cases señaló que el gobierno federal perdió $4.4 millones por el fraude que se le imputa a estas 40 personas, mientras que se estima que la intervención le ahorró al Seguro Social la pérdida de $15 millones.
Por su parte, el agente a cargo de la División de Nueva York y Puerto Rico de la Oficina del Inspector General del Seguro Social, Edward Ryan, destacó que con el total de 114 acusaciones entre el 2013 y hoy se evitó que el fraude al Seguro Social ascendiera a un estimado de $160 millones.
«El total de pérdidas por fraude al Seguro Social conectadas a este esquema desde agosto hasta las acusaciones de hoy exceden los $100 millones», sostuvo Ryan.
Galeno entrenaba a pacientes para fingir dolencias
En agosto de 2013 se arrestaron 74 personas también por fraude al Seguro Social, en lo que fue la primera ola de arrestos y entre los que figuraban un exempleado federal, un fisiatra y dos siquiatras.
En el caso de los 40 acusados hoy Ryan dijo que en las oficinas de Nueva York y Baltimore realizaron una extensa investigación de los documentos sometidos para solicitar los beneficios y descubrieron las irregularidades que los llevaron a detectar el esquema.
Posteriormente, dijo Ryan, se realizaron cientos de entrevistas, vigilancias y otras actividades investigativas para documentar las actividades ilegales que propiciaron las acusaciones.
De acuerdo con Cases, Escabí Pérez creó 381 expedientes fraudulentos para que personas pudieran cualificar para los beneficios del Seguro Social.
«No les tocaban (los beneficios) porque en realidad no tenían la incapacidad que alegaban estos expedientes», dijo Cases.
La investigación arrojó que las personas llegaban hasta Escabí Pérez por referencias de otras personas que conocían de lo que hacía. Rodríguez dijo que el siquiatra era muy «eficiente» adiestrando a las pacientes para conseguir el beneficio por incapacidad.
«Él también les decía cómo fingir. Les explicaba cómo hacerlo, qué palabras tenían que usar, cómo se iban a quejar y demás», dijo Rodríguez.
Como ejemplo, Cases señaló que uno de los expedientes señalaba que uno de los acusados no podía doblarse, ni conducir y que nunca salía de su residencia porque sufría de depresión.
«Este acusado trabaja para una compañía de limpieza y mantenimiento de áreas verdes y recibía los beneficios del Seguro Social», dijo Cases mientras señalaba una fotografía en la que se veía al imputado «manejando un vehículo todo terreno (four track) lleno de fango de arriba abajo».
Al igual que ocurrió en la pasada ola de arrestos, las autoridades volvieron a obtener evidencia de que no existían las supuestas condiciones de incapacidad de estas personas a través de fotografías e información que publicaban en las redes sociales.
Cases y Rodríguez también resaltaron, entre los 40 acusados, el caso de otro hombre que fue atrapado vendiendo drogas, en momentos en que supuestamente estaba incapacitado, por lo que recibía beneficios del Seguro Social.
En la mirilla 1,000 incapacitados fatulos
«Estaba empleado vendiendo drogas, así que recibía dinero por vender drogas, recibía beneficios del Seguro Social, supuestamente estaba encamado, no podía salir de su residencia y cuando la Policía lo va a arrestar, tenía un arma larga en su posesión», indicó Cases.
Por otro lado, Rodríguez indicó que, al igual que en la pasada ola de arrestos, en esta ocasión volvieron a detener a personas por mentir en los formularios para recibir beneficios de incapacidad, cuando en realidad era que habían sido despedidos de farmacéuticas donde trabajaban y donde habían firmado relevos de responsabilidad por los que recibieron dinero.
Algunos familiares de los arrestados, que se acercaron a la cancha Mario Quijote Morales, en Guaynabo, para conocer lo que sucedía, manifestaron su sorpresa.
Uno de ellos, Carlos Reyes, dijo que su padre, Luis Reyes, llevaba aproximadamente 20 años recibiendo el beneficio de incapacidad y aseguró que a lo largo de su vida ha presenciado las dolencias y otras manifestaciones de la condición diagnosticada a su progenitor.
«Estamos bien consternados por esto…Ellos (las autoridades) tomaron una decisión de llevarse una persona de 60 años que tiene una condición para demostrarlo aquí y en el (Tribunal) Supremo. Lleva como 20 años recibiendo el Seguro Social… Tiene problemas de la espalda, los discos, le da calambre. Yo soy testigo de eso”, puntualizó.
Mientras, la fiscal federal a cargo del caso, Vanessa Bonano Rodríguez, dijo en la conferencia de prensa que una de las violaciones de ley imputadas es no informar al Seguro Social sobre mejorías en la condición de salud. De hecho, de los 40 acusados, 29 enfrentan cargos por ocultar su mejoría de salud y robo de propiedad del gobierno.
Al hacer una comparación con otras jurisdicciones, aunque no ofreció cifras específicas, Rodríguez dijo que en Puerto Rico «como que somos más creativos en estos casos y estamos bastante prominentes, adelantados negativamente hablando. Somos como que los primeros en este tipo de fraude».
En un aparte con este medio, mientras los arrestados eran transportados para su procesamiento inicial, Cases adelantó que la cifra de acusados seguirá en aumento.
«Nosotros hemos identificado sobre 1,000 personas que están llevando a cabo este tipo de fraude», dijo Cases. «Obviamente, no podemos hacer los 1,000 a la vez. Así que poco a poco los estamos atendiendo. A los que faltan, les tocará su turno», agregó.
Los arrestos se llevaron a cabo en sobre una decena de municipios, incluyendo Arecibo, Hatillo, Manatí, Bayamón y San Juan. Dos de los acusados se encontraban en el estado de Florida, uno de esos fue arrestado en horas de la mañana y se esperaba que el segundo se entregara en cualquier momento.
Se anticipaba que casi todos los acusados salieran bajo fianza después de la vista inicial, con la posible excepción del sujeto que había cumplido cárcel por la venta de drogas.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan hasta diez años de cárcel.
elnuevodia.com
